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Situémonos ya en la etapa democrática, dos años después de haber sido aprobada la Constitución. Y detengámonos en el flamante Estatuto de Radiotelevisión Española de 1980, obtenido mediante pacto institucional entre las fuerzas políticas y elevado a rango de Ley. En él es definida la televisión (lo mismo que la radio) como servicio público y “vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, con especial atención a la protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer.” Ante declaraciones tan contundentes, es natural que renacieran a partir de ese momento las ya olvidadas expectativas del sector educativo y, singularmente, de algunos investigadores y de no pocos movimientos de renovación pedagógica que llevaban unos cuantos años proclamando las virtualidades del audiovisual como herramienta educativa. Y, aunque aún habrían de mantener su impaciencia por algún tiempo, lo cierto es que se anunciaban proyectos ciertamente prometedores.
El punto de inflexión lo marcó en 1982 una Comisión Mixta MEC-RTVE creada a instancias del entonces ministro de Educación Federico Mayor Zaragoza. La comisión, integrada por un prestigioso grupo de expertos del Ministerio de Educación y Ciencia y de Televisión Española, elaboró en 1982 un informe que, además de proporcionar un análisis certero del punto de partida en materia de televisión y de educación, fue capaz de señalar una serie de líneas de acción desde varios frentes que, en opinión de los expertos, deberían acometerse a partir de esos momentos. Entre las actuaciones previstas por el proyecto se contemplaba el apoyo a la labor del profesorado en las aulas, la formación permanente de adultos y la actualización científico-didáctica del profesorado. Ya en ese informe se señalaba “la necesidad de establecer grupos mixtos de trabajo entre educadores y comunicadores como una pieza fundamental para el funcionamiento eficaz de la radiotelevisión educativa" (3).
La promulgación un año más tarde de la Ley del Tercer Canal, que dio origen a las emisiones de la ETB y la TV 3 (1983), pareció abonar aún más las buenas perspectivas para el desarrollo de aquellas propuestas.
Desafortunadamente, en el Ente Público se vivían momentos complicados que, en gran medida, deben achacarse a los drásticos cambios que sucedieron al intento de golpe de estado del 23-F, a la debacle política de la UCD y a la falta de miras, en ese sentido, de algunos dirigentes que rigieron los destinos de la |
televisión pública. Si bien es verdad, que entrada la década de los años 80, TVE apostó por formatos innovadores tales como Si yo fuera presidente, La bola de cristal o Viaje con nosotros, y por un cambio en el planteamiento de los informativos diarios, también lo es que no se abordó ningún proyecto que implicara un acuerdo entre el Ente y el Ministerio de Educación para la creación de espacios educativos. Probablemente tuvo algo que ver en ese olvido la decisión de que RTVE renunciara a la subvención que recibía de los Presupuestos Generales del Estado en unos momentos en que las principales cadenas públicas europeas se beneficiaban de esas aportaciones de forma directa o a través de un canon que gravaba los aparatos de televisión.
En todo caso, esa suma de circunstancias adversas en el seno de la televisión pública ejercieron de barrera infranqueable y determinaron que aquel magnífico esfuerzo de la comisión quedara, a efectos prácticos, en mera declaración de principios.
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